Perú prohibió este lunes hasta nuevo aviso el ingreso a su territorio del exmandatario boliviano Evo Morales por «intervenir» en los asuntos de política interna del país, sumido en una grave crisis institucional y política salpicada de manifestaciones y bloqueos de rutas en varias regiones del sur.
«Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma», indicó el ministerio del Interior en referencia al exmandatario que ha expresado su apoyo a las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte.
El anuncio coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en seis de las 25 regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo.
Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el cuatro de enero.
Desde ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana que debe llegar a partir del 12 de enero, según diversas convocatorias de colectivos sociales, que agrupan principalmente a campesinos.
En la ciudad de Juliaca, en Puno, manifestantes intentaron otra vez tomar por asalto el aeropuerto de esa ciudad, siendo reprimidos por la policía. El sábado hubo un intento similar.
«En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú», agregó el ministerio para justificar.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Pedro Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre.
Desde la caída de Castillo, el líder boliviano ha expresado su apoyo a las protestas, en especial a las que se producen en Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia.
Morales lamentó en Twitter la decisión del gobierno de Perú y sostuvo que ésta busca «distraer y esquivar» las responsabilidades por las «graves violaciones» de los derechos humanos.
«Lamento mucho cómo la hermana Dina Boluarte que antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos», expresó en redes sociales.
La nueva presidenta de Perú había pedido el miércoles pasado a Morales dejar de «intervenir» en los asuntos internos del país y dijo que las autoridades migratorias evaluaban prohibirle su ingreso a territorio peruano.
La insólita acusación contra Morales
Las autoridades peruanas sostienen que Morales pretende dividir el territorio de Perú, promoviendo la secesión a través de la creación de «Runasur», una región andina que supuestamente incluiría parte del sur andino peruano con Bolivia.
«El único separatismo en Perú es causado por el racismo, la exclusión y discriminación de los grupos de poder de Lima contra su propio pueblo. En el fondo, la derecha no acepta que los indígenas, los vilipendiados por su color de piel, apellido o lugar de origen lleguen al poder», replicó Evo Morales el fin de semana.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó la semana pasada que se habían «detectado» en Puno cinco ciudadanos bolivianos que estaban «incitando» a los manifestantes, e indicó que desde hace «varios días» realizan actividades en Perú.
El año pasado, el Parlamento, controlado por la derecha, declaró a Morales persona non grata.
La prohibición de su ingreso a Perú era reclamada desde el Congreso, convertido en principal punto de apoyo de Dina Boluarte.
