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LA FISCALÍA ESPAÑOLA PIDIÓ PRISIÓN PREVENTIVA POR "REBELIÓN Y SEDICIÓN" PARA LA DESPLAZADA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CATALÁN

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El juez de la Audiencia Nacional deberá decidir ahora la suerte de Carme Forcadell y de otros diputados -Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó- acusados por facilitar con sus votos el proceso independentista

La Fiscalía española pidió el ingreso en prisión sin fianza para la presidente del Parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, y tres diputados pertenecientes a la Mesa, que es su órgano rector, por su papel en la declaración de independencia aprobada en esa Cámara autonómica el 27 de octubre.

La petición de la Fiscalía llega después de varias horas de interrogatorio a Forcadell y seis antiguos integrantes de la Mesa del Parlamento catalán, disuelto ese mismo día por el Gobierno español para restablecer la legalidad constitucional


Carme Forcadell, llegando a declarar ante la Audiencia Nacional española (Reuters)
Carme Forcadell, llegando a declarar ante la Audiencia Nacional española (Reuters)

Aparte de Forcadell, los afectados por la medida de prisión sin fianza son los parlamentarios Lluis Corominas, Lluis Guinó y Anna Simó por facilitar asimismo con sus votos el proceso independentista.

Además, el ministerio público pidió prisión eludible con fianza para la diputada Ramona Barrufet y dejar libre al diputado Joan Josep Nuet, que alegó haber votado en contra de la tramitación de esa declaración.

 El juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena debe en las próximas horas decidir la suerte de los seis diputados

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Llarena debe en las próximas horas decidir la suerte de los seis encausados, que están acusados por la Fiscalía de rebelión, sedición y otros delitos.

La comparecencia de los seis investigados ante el magistrado Llarena se ha desarrollado hoy durante varias horas después de un aplazamiento de una semana, solicitado por los diputados catalanes con el fin de tener tiempo para preparar sus defensas.

El delito de rebelión, el más grave por el que se investiga a los parlamentarios tras la denuncia de la Fiscalía, conlleva hasta treinta años de cárcel, según el Código Penal español.